5G y el despliegue de redes de infraestructura digital

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Internet está sosteniendo la vida económica y social de nuestro país. En el actual escenario de pandemia, con cambios en los patrones de consumo y aumentos de tráfico de hasta un 60%, ha permitido que la población pueda seguir comunicada con el trabajo, el colegio, los parientes, los amigos, la entretención y acceder a información socialmente necesaria.

Enfrentar los desafíos de más conectividad, asegurar el acceso a Internet de calidad, continuar con el despliegue masivo de redes y desarrollar una nueva generación tecnológica 5G, requiere construir las condiciones que incentiven más inversión y permitan el despliegue de infraestructura, tanto del mundo fijo [fibra óptica troncal y última milla] y móvil (BTS, antenas, torres, small cells, radiobases); modernizar las regulaciones obsoletas e introducir más espectro en el mercado. El desarrollo y despliegue de las redes móviles han sido determinantes para lograr mayores niveles de cobertura, acceso y uso por parte de la gente. No olvidemos que hace poco años atrás, en el 2014, existían solo 10 mil accesos a internet móvil en Chile.

Seis años después existen 16.599.646 de conexiones (Subtel, 2020) Entre el año 2014 y 2017, la mitad de la población chilena que no accedía a Internet, logró hacerlo.

La infraestructura digital es el factor más crítico de este siglo, ahí donde no solo se juegan las comunicaciones globales, los contenidos y servicios digitales, sino que la inclusion y equidad tecnológica y la digitalización creciente de la sociedad y el nervio central de la industria del futuro.

El despliegue de infraestructura es vital para lo que viene. No hay posibilidad de avanzar en inclusión digital y cumplir con una red 5G con el actual modelo burocrático y errático que autoriza la instalación y despliegue de infraestructura. La promesa de contar con millones de aparatos conectados, de sensorización en las calles, automatización de industrias, de la gestión inteligente del transporte, en el actual escenario no es viable.

El despliegue de infraestructura es vital para lo que viene. En la banda 700 MHz se necesita 1 radiobase para 12 Km; en la banda 2.6 GHz se necesitan 16 radiobases para 3km. Mientras que sobre 3.0 GHz se requiere instalar una red de small cells distribuidas por las ciudades cada 100 metros, ya que estas ondas tienen poca penetración y alcance (corta longitud de onda), y parte de esa localización será en bienes e infraestructura pública.

Para una banda milimétrica de 28 GHz se requieren 900 celdas para 3 km2.

Para construir una red 5G, dada la densidad y capilaridad que implica su despliegue, por la inversión involucrada que supera en 5 veces la inversión anual del sector, implica una alta inversión para pasar de 23 mil a 50 mil sitios, entre BTS, small cell, poste multifuncional, DAS, infraestructura outdoor/indoor; gasto de inmobiliaria y arriendo de sitios; nuevos equipos de radio, más el mantenimiento, equivalen a US$3.500 millones en 5 años. Más toda la inversión paralela en fibra óptica que implica una inversión de US$2.500 millones.

Estamos hablando de una inversión cercana a los US$6.000 millones en el próximo quinquenio. La alerta es que un permiso para instalar puede demorar más de un año y cuatro meses, entre ser solicitado, autorizado y recepcionado.

Cada vez es más complejo tender una red de fibra óptica y aún más instalar sistemas radiantes, partiendo por la forma, tiempo, permisos y hasta su ubicación y prestación de servicios.

El principal problema que nos enfrentamos es la heterogeneidad de criterios, desconocimiento normativo, sobreburocracia, repetida y reiterada información desde múltiples organismos que no se coordinan entre sí; falta de uniformidad regulatoria entre los propios organismos del Estado; plazos inciertos y prolongados; falta de continuidad de las decisiones locales; discrecionalidad en la revisión de expedientes; falta de seguridad jurídica en los procesos de apelación, restricciones para promover la compartición de infraestructura, son algunos de los lomos de toro.

Para que exista más y mejor conectividad a Internet debe existir la convicción de incentivar y promover la inversión en el sector, reducir los costos de despliegue de redes, simplificación y más agilidad en la solicitud de concesiones y permisos; estandarizar procedimientos y reducir tiempos que viabilicen la inversión en el sector. Armonizar criterios y actualizar regulaciones municipales, incorporar el “silencio administrativo positivo”, fomentar la compartición de infraestructura. Contar con incentivos a la coinversión y colocalización de infraestructura; coordinación entre los gobiernos locales y con el nivel central; sostener códigos de Buenas Prácticas; disponer y acceder a data confiable y mapas de niveles de cobertura; implementar un sistema de “Ventanilla Única” mediante una plataforma interoperable, donde sea el propio Estado el que interactué con sus instituciones para reducir los trámites.

Facilitación de uso del espacio público, disponer de bienes nacionales de uso público y de interés social para desplegar; homologar el costo de la revisión de expedientes, revisar cargas impositivas; contar con la autoridad para realizar campañas educativas y de concientización de la sociedad, erradicar temores infundados respecto a emisiones electromagnéticas, contar con más seguridad y evitar el vandalismo sobre la infraestructura.

Desplegar una arquitectura digital, una nueva topología de red, con Internet a muy alta velocidad y calidad, asequible, desplegada por todo el territorio nacional, con nuevos nodos de acceso y con servicios de “última milla” requiere construir un nuevo modelo de despliegue basado en una politica convergente que integre, por una parte, un marco regulatorio favorable para la expansión de redes; por otra, el desarrollo urbano que promueva la equidad, la ciudad sustentable e inclusiva, la estrategia productiva, todo alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, siendo su base habilitante la estrategia de conectividad y de infraestructura digital.