Columna: Ley de antenas; asfixia regulatoria
Columna de Daniela Castillo Aguirre, vicepresidenta de IDICAM.
El desempeño de la industria de telecomunicaciones en nuestro país ha sido motivo de orgullo desde hace algún tiempo. Y es que se nos reconoce, tanto a nivel regional, como global por ser líderes en el mayor despliegue de fibra óptica, por la velocidad de conexión, por el número de usuarios conectados a la red 5G, etc.
Sin embargo, la época de gloria sabemos se ve amenazada como consecuencia de las bajas tasas de crecimiento actuales y las que se proyectan, además de una latente rentabilidad en descenso, en un negocio en que la inversión se ha mantenido robusta y constante.
No parece discutible la relevancia que cobra la conectividad digital hoy en nuestras vidas. Sin ir más lejos, el teletrabajo, la telemedicina, la educación online, que surgieron con fuerza en pandemia, parecen estar instaladas en esta nueva sociedad. Y es que no es antojadizo denominar a este período de la historia la “era digital o de la información”
En ese sentido, es que en nuestro país recientemente se aprobó la ley que reconoce el internet como servicio público- pronta a ser promulgada-, para lo cual resulta primordial facilitar el despliegue de infraestructura para telecomunicaciones, pues el mismo texto busca reducir dificultades en relación -por ejemplo- con la prácticamente nula instalación de esta en los bienes nacionales de uso público; la falta de plazos para emitir un pronunciamiento de parte de las autoridades llamadas a resolver los trámites de permisos, etc., todos problemas diagnosticados por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad meses atrás.
Pero ¿será que esta ley resolverá efectivamente el asunto planteado por el informe referido? Pues dependerá de cómo se materialice en la práctica su mandato. Y ahí es donde surgen dudas sobre cómo se aplicará la certificación para que opere el silencio administrativo o cómo será el procedimiento para obtener un permiso de uso del espacio público.
Particularmente, en relación con la instalación de antenas y sistemas radiantes, hay consenso en que la ley que nos regula está obsoleta y que respondía a otras necesidades. También hay acuerdo en que existe una dispersión normativa preocupante y las recomendaciones internacionales van por la línea de no bajar estándares, pero si simplificar los procesos.
Paradójicamente, hace unos días se aprobó -en general- el proyecto de ley que busca homologar los requisitos y condiciones para instalación de infraestructura en zonas urbanas y rurales, lo que significa duplicar los defectos actuales de la ley hacia zonas que hoy precisamente son las que siguen mayormente desconectadas digitalmente.
Con esto queremos decir que no se está solucionando una discriminación como pretende justificar esta iniciativa legislativa, permitiendo a quienes viven en zonas rurales participar del proceso de tramitación del permiso que habilita la construcción de una torre o poste, sino que se está profundizando la discriminación que sufren esas personas que no pueden hoy hacer una transferencia porque no les llega el mensaje que el banco les pide para autorizar la transacción.
Ciertamente, la homologación de requisitos y condiciones que el proyecto de ley dispone, no otorga exclusivamente la facultad a los ciudadanos de participar en el proceso de tramitación del permiso, sino que impone todo el régimen de zonas urbanas al de zonas rurales, lo que trae consigo entre otras cosas, el encarecimiento de la inversión de sitios que no gozan de incentivos comerciales.
Sin ir más lejos, si se tuvieran que camuflar torres ubicadas sobre cerros al aprobarse el texto como está, la cobertura con conectividad digital que esa torre permitiría se vería disminuida, alcanzando menor extensión territorial, pues implicaría reducir su altura para cumplir con su mimetización, y -a su vez- producto de lo mismo perdería capacidad de carga, afectando la compartición de infraestructura al quedar habilitadas para soportar menor número de equipos colocalizados.
Tenemos confianza en el proceso de discusión y en el período de indicaciones como una posibilidad de mejora de la actual normativa y del proyecto en trámite, para lo cual como gremio nos ponemos a disposición del diálogo, para continuar avanzando con solidez en la disminución de la brecha digital y en darle materialidad al espíritu de la ley de internet como servicio público.
