Despachan Proyecto que Prohíbe los Inhibidores de Señales de Telecomunicaciones: Sanciones desde 541 Días a 10 Años de Presidio
En un importante avance legislativo, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes 18 de noviembre de 2024 las enmiendas del Senado al proyecto que busca prohibir la fabricación, comercialización, importación, exportación, utilización, tenencia y porte de inhibidores de señales de telecomunicaciones.
Esta iniciativa, que ahora se encuentra en su fase de promulgación, establece severas sanciones para quienes utilicen estos dispositivos sin autorización, con penas que van desde 541 días hasta 10 años de presidio.
¿Qué son los inhibidores de señal y por qué son peligrosos?
Los inhibidores de señal, también conocidos como “jammers”, son dispositivos diseñados para interferir, interceptar o interrumpir señales de telecomunicaciones. Estas señales incluyen telefonía móvil, WIFI, GPS y botones de pánico, entre otros. Su funcionamiento se basa en la emisión de ondas de radio que bloquean o generan señales falsas, afectando las comunicaciones legítimas.
En el contexto delictivo, estos dispositivos han sido utilizados por bandas de crimen organizado para perpetrar ilícitos, como robos en el transporte de carga, donde se busca bloquear sistemas de rastreo GPS o comunicación de emergencia. Este tipo de tecnología representa una amenaza significativa para la seguridad de los conductores y la mercancía en tránsito.
Normativa y sanciones: Una herramienta contra el crimen organizado
El proyecto despachado al Ejecutivo tiene como objetivo principal dificultar el uso de esta tecnología en actividades ilícitas. Además de penalizar a quienes comercialicen, porten o utilicen estos dispositivos sin autorización, la normativa exceptúa su uso para ciertas instituciones del Estado, como las policías, Gendarmería, la Agencia Nacional de Inteligencia, el Servicio Nacional de Reinserción Social y el Servicio Nacional de Menores. Estas entidades podrán utilizar los inhibidores de señal en el marco de sus funciones de seguridad.
Asimismo, la ley establece que el Ministerio encargado de la seguridad será responsable de autorizar el uso de dispositivos electrónicos, fijando sanciones para aquellos que utilicen estos equipos sin contar con la debida autorización.
Un paso adelante, pero con desafíos pendientes
Aunque los parlamentarios destacaron el aporte de esta normativa en la lucha contra el crimen organizado, también subrayaron la necesidad de avanzar en el bloqueo de señales dentro de recintos penitenciarios. Las cárceles representan un punto crítico en el uso de tecnología ilícita, donde los inhibidores de señal podrían jugar un papel clave para prevenir actividades delictivas dirigidas desde estos establecimientos.
En línea con este enfoque, el proyecto también incluye a las sociedades concesionarias de recintos penitenciarios dentro de las instituciones autorizadas para usar este tipo de dispositivos bajo supervisión estatal.
Preguntas frecuentes:
¿Qué son los inhibidores de señal y cómo funcionan?
Son dispositivos que emiten ondas de radio para interferir o bloquear señales legítimas como telefonía móvil, WIFI y GPS.
¿Qué sanciones establece la normativa?
Las penas varían entre 541 días y 10 años de presidio, además de multas económicas.
¿Quiénes están autorizados para utilizar inhibidores de señal?
Policías, Gendarmería, la ANI y concesionarias de recintos penitenciarios, siempre bajo autorización del Ministerio de Seguridad.
¿Por qué es importante esta ley?
Porque dificulta el uso de tecnología en actividades delictivas, mejorando la seguridad pública.
¿Qué cambios se propusieron para las cárceles?
Inhibir las señales no autorizadas dentro de los recintos penitenciarios para prevenir delitos organizados desde su interior.
¿Cómo afecta la ley a los ciudadanos comunes?
La normativa no afecta el uso legítimo de dispositivos electrónicos, pero refuerza la seguridad en casos de delitos tecnológicos.
En conclusión, la aprobación de este proyecto marca un hito en el combate al crimen organizado, desde la arista de las telecomunicaciones, proporcionando una herramienta efectiva para dificultar el uso de tecnología en actividades ilícitas. Sin embargo, el desafío de implementar estas medidas y extender su impacto a las cárceles sigue siendo una tarea pendiente para garantizar un entorno más seguro. La iniciativa ahora espera su promulgación oficial por parte del Ejecutivo, consolidando su incorporación al marco legal chileno.
