El acceso a Internet un derecho humano básico

El Proyecto de Ley ingresado en el año 2018 e iniciado por mensaje de la ex Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria, titulado “Para reconocer el acceso a internet como un servicio público de telecomunicaciones”, Boletín 11632-15(S), mucho antes de iniciar el confinamiento, la pandemia y los efectos sociales del COVID, donde el acceso a Internet se hizo más evidente. El Proyecto de Ley busca facilitar el acceso a Internet a la ciudadanía en todo el territorio nacional. El texto debe ser claro en disminuir las barreras que aparezcan en el sector, buscando soluciones regulatorias que faciliten el desarrollo y despliegue de infraestructura digital y las redes de servicios de telecomunicaciones, propiciando la neutralidad tecnológica y la convergencia de servicios. Asimismo, se velará para que los concesionarios puedan asegurar un servicio continuo y de calidad, incluso bajo circunstancias de criticidad.

Hoy es el momento oportuno para repensar nuestra arquitectura normativa y legislativa que promueva el acceso a Internet y la conectividad. Hoy es Internet, pero mañana puede ser otra tecnología que nos conecte, como un servicio esencial, básico, y como columna vertebral para la integración de la vida social y económica del país. Mucho antes, pero la pandemia de Covid-19 puso aún más de manifiesto las sorprendentes desigualdades en el acceso a internet y la asequibilidad en todo el mundo, y Chile es reflejo de ello.

Sin acceso a dispositivos y una conectividad significativa, miles de chilenos corren el riesgo de quedar fuera de los mínimos sociales que implica no estar conectado: sin información vital sobre salud y seguridad, sin poder trabajar desde sus casas, sin oportunidad de aprendizaje en línea y sin la posibilidad de expresar sus puntos de vista y participar en el comercio electrónico.

Internet no es un lujo, es una necesidad, es una demanda social, y su acceso es un derecho humano básico.

No acceder a internet no es solo no acceder a servicios, sino que es coartar la participación social en la vida democrática de las personas. Los no conectados no tienen posibilidad de influir y controlar a sus representantes.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 2011, declaró el acceso a internet como un derecho humano, por ser una herramienta que favorece el crecimiento y el progreso de la sociedad en su conjunto, además de ser indispensable para la obtención de otros derechos.

Nunca antes había sido tan importante la necesidad de cerrar la brecha digital. Hoy más que nunca el porvenir de miles de ciudadanos depende de estar conectados o no. Tenemos que tomar medidas, una de ellas, y coincidir en un principio, en una definición común, un punto de partida, es que Internet sea interpretada como un servicio público de telecomunicaciones.

Esto implica una mayor participación del Estado, de sus instituciones, instrumentos, incentivos, subsidios y promoción, para poner en primera línea la prioridad del acceso a Internet.

Se requiere de una nueva arquitectura y normativa de este sector, que cada vez es más transversal y menos sectorial, que requiere una nueva relación en asociaciones público-privadas entre el Estado y las industrias, para acelerar la entrega de acceso asequible y asegurar una conectividad confiable a áreas y poblaciones desatendidas y desprotegidas.

Chile, en datos agregados y auto reportados, presenta uno de los mejores indicadores de acceso, penetración y uso en la región. Sin embargo, de manera desagregada, se resalta la falta de conectividad, problemas de cobertura y brechas por ruralidad, género, edad e ingresos.

Hasta ahora hemos avanzado, pero a pesar de este importante aumento, aún persiste una profunda desigualdad en el acceso de aquellos lugares que no son comercialmente atractivos.

Reconocer al acceso a internet como un servicio público de telecomunicaciones va en esa dirección, elevando con ello su estatus y permitiendo el ejercicio de los derechos asociados, como la obligatoriedad en la prestación en las zonas de servicios de las concesionarias, así como asegurar una garantía respecto de su prestación continua, de calidad y en las condiciones contratadas.

Aun así, el texto debe ser explícito en promover la neutralidad tecnológica, la convergencia de servicios, la compartición y el despliegue de infraestructura, así como la institucionalidad adecuada.

La ley debe fijar su atención en la universalidad, y aún más en el acceso a Internet como un servicio de carácter esencial, con el fin de propender, garantizar y asegurar la prestación del servicio de manera eficiente, continua y permanente. Esto permitiría la conectividad, especialmente para la población que, debido a su condición social, económica, étnica, de género y edad, se encuentre en situación de vulnerabilidad urbana, rural y en zonas apartadas y de difícil acceso.

Es clave promover la neutralidad de las redes y la convergencia tecnológica y de contenidos para que todos puedan conectar desde cualquier dispositivo, sin distinción, promoviendo mejores usos, servicios y ahorros para la ciudadanía. Esto es fundamental para la inclusión digital.

Chile tiene un problema de sobreburocracia en el sector de las telecomunicaciones. Si una comunidad quiere contar con servicios móviles o fijos, el permiso y la autorización pueden tardar un año y medio. Esta tramitología está impidiendo que nuestros ciudadanos se conecten a tiempo y aseguren un bienestar digital digno.

El silencio administrativo positivo debe estar especificado en la ley, con plazos definidos y perentorios. Durante la pandemia, países como Perú y Brasil han establecido plazos de no más de 15 días y han logrado impulsar la conectividad en escuelas rurales, postas rurales y comunidades indígenas.

No solo hablamos de que el servicio sea esencial, sino que también la conexión de la comunidad sea imprescindible.

Es estratégico, por tanto, facilitar y contar con un plan de despliegue de infraestructura digital y permitir el uso de servidumbre legal, aspectos clave para llegar con más y mejor infraestructura en un país que actualmente consume 19 gigas al mes de la red móvil y 600 gigas al mes de la red fija, muy por encima de la media de los países de la OCDE.